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Ley Orgánica de Telecomunicaciones

 

Venezuela durante 40 años permaneció regida por una ley que nos mantuvo alejados del desarrollo de los sistemas de comunicación que entrelazaban naciones, apuntalaban sistemas económicos y elevaban la calidad de vida de sus habitantes. La globalización obligó a interactuar mediante una computadora y abrió las oportunidades de desarrollo económico, educativo y social de las naciones. Durante este proceso de cambios Venezuela tardó 10 años planteando una reforma de propuesta que permitiera la entrada de inversionistas privados al negocio de las telecomunicaciones mediante 14 proyectos de ley.

Finalmente, en mayo de 2000 se determinó que a partir del 28 de noviembre los venezolanos tendríamos una Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Libertad de competencia para los inversionistas activos y los entrantes; y múltiples ofertas, productos y tarifas para el consumidor.

 

Entre los objetivos de esta Ley destacan la defensa de los intereses de los usuarios y su derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones y al ejercicio de la comunicación libre y plural. Asimismo, la Ley de Telecomunicaciones procura condiciones de competencia entre los diferentes operadores y prestadores de servicios, estableciendo disposiciones en materia de precios y tarifas, interconexión y recursos limitados (numeración, espectro radioeléctrico y vías generales de telecomunicaciones), generando así el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías que impulsan la integración geográfica y la cohesión económica y social, al igual que la convergencia eficiente de servicios de telecomunicaciones.

 

Otro de los aspectos resaltantes de la Ley es que garantiza la incorporación y cumplimiento de las Obligaciones de Servicio Universal, mediante la creación de un Fondo cuya finalidad es subsidiar los costos de infraestructura necesarios para la satisfacción de dichas obligaciones y a la vez mantener la neutralidad de los efectos de su cumplimiento desde el punto de vista de la competencia; además, propicia la investigación y desarrollo del sector en el país, así como la transferencia tecnológica, y atrae la inversión nacional e internacional para el desarrollo del sector de telecomunicaciones, en virtud de que esta Ley proporciona seguridad jurídica, estableciendo reglas claras, transparentes, precisas y ajustadas al avance tecnológico del sector.